La eutanasia y el suicidio asistido llamado eufemísticamente “muerte asistida por un médico” o “ayuda médica en la muerte” es legal en los Estados Unidos de América en California, Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, Montana, New Jersey, New Mexico, Oregón, Vermont, y Washington.
Un artículo publicado en el periódico americano USA TODAY News anuncia que la Gobernadora Janet Mills firmó la ley denominada “Maine Death with Dignity Act” que se suma a los estados arriba mencionados que aprobaron leyes análogas.
La agenda internacional está logrando paso a paso ir imponiendo este tipo de leyes en el mundo a pesar del riesgo de que estas prácticas se extiendan cada vez a más casos no relacionados con severos sufrimientos asociados a enfermedades terminales. Según hemos argumentado previamente tratando el tema de la “pendiente resbaladiza”, la aprobación de estas leyes conduce a la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido sobre pacientes psiquiátricos, discapacitados, menores, pacientes sanos que no quieren vivir o personas que no la han solicitado ni consentido.
La ley aprobada en el estado de Maine afirma que un paciente de 18 años o más debe pasar por dos períodos de espera, presentar una solicitud por escrito y dos verbales, y obtener la opinión de dos médicos que indiquen finalmente la administración de una dosis letal. Los médicos también deben evaluar a los pacientes en busca de afecciones que puedan limitar su capacidad de consentimiento, como la depresión. Como es frecuente en estas leyes, no se menciona la posible coacción que pueda estar sufriendo el paciente o la falta de un asesoramiento de un especialista en cuidados paliativos con una propuesta concreta de un tratamiento pluridisciplinar que alivie su dolor y le conforte psíquica y espiritualmente, con el fin de disipar el miedo de morir solo.
En ese sentido Matt Valliere, director de una importante asociación de abogados denominada Fondo de Acción de los Derechos de los Pacientes afirma que “El suicidio asistido es una política pública peligrosa que pone a las personas más vulnerables de la sociedad en riesgo de abuso, coacción y errores […] También brinda a las compañías de seguros con fines de lucro incentivos perversos para ofrecer una muerte rápida, en lugar de una atención de calidad continua y costosa”. Las instituciones cuyo fin es disminuir la creciente incidencia del suicidio en los EE.UU. ven en esta legalización una incoherencia por parte del Gobierno.
Otro artículo en el mismo periódico titulado “Una empresa ofrece una cápsula de suicidio asistido en Suiza que ofrece una muerte indolora” anuncia un novedoso sistema de suicidio, creado por una empresa con sede en Australia, consistente en una cápsula impresa en 3D que ofrece a las personas una muerte asistida “indolora” y que podría estar disponible pronto para los residentes en Suiza. El dispositivo permite al “paciente” activar el mecanismo dentro de la cápsula garantizando que en 30 segundos y sin dolor alguno se produce la muerte. Paradójicamente, al inicio del artículo se publica un anuncio que dice: “Si usted o alguien que conoce, lucha contra pensamientos suicidas, puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de EE. UU. en cualquier momento del día o de la noche, o chatear en línea”.
Desde una perspectiva bioética, estas noticias así presentadas por los medios de comunicación, favorecen la normalización del suicidio, contribuyendo a su extensión, situándolo fuera de control y en constante crecimiento en la última década, y puede afectar especialmente a jóvenes.
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