El pasado 28 de diciembre, los medios de comunicación daban a conocer lo siguiente: el acuerdo para la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2022, implicaba la aceptación de la siguiente demanda formulada por los concejales de Recupera Madrid: la retirada total del apoyo económico a la Fundación Madrina, dedicada desde hace más de dos décadas a la asistencia a colectivos en riesgo de exclusión en el ámbito de la infancia, la mujer y la maternidad.
Marta Higueras, concejal de Recupera Madrid, celebró la retirada de la subvención a una entidad que, a su entender, «acosa e intimida» a las mujeres que deciden abortar (Calderero de Aldecoa, 2021). Una opinión que contrasta con la manifestada por esta misma concejala cuando, hace ahora tres años y siendo teniente primero de alcalde durante el mandato de Manuela Carmena, visitó a las madres atendidas y acogidas por la Fundación en procesos de formación y empleo. Tras aquella visita, solo tuvo palabras de elogio hacia su labor.
Se ha dicho que la inquina de Recupera Madrid hacia la Fundación Madrina podría atender al hecho de que ésta, en 2018, alojó en uno de sus pisos de acogida a una joven gestante peruana y “sin techo” que denunció estar siendo presionada por el personal de Samur Social para que abortase. Y, sobre todo, al hecho de haber dado a conocer estos hechos a través de diversos medios de comunicación (Ibañez, 2019) y (Religión en libertad, 2019).
Sin entrar a valorar si Samur social ejerció las presiones descritas, deleznables y éticamente injustificables, es objetivo que los servicios prestados por la Fundación Madrina justifican, sobradamente, las ayudas que recibe por parte del ayuntamiento de Madrid. Es de dominio público que esta entidad ha llegado a atender a casi 4.000 familias en situación de extrema pobreza en un solo día, derivadas en su totalidad «por los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos y concejalías de Madrid» (EUROPA PRESS, 2021) . Durante los primeros meses de la pandemia, fue el propio Ayuntamiento de Madrid quien solicitó su ayuda frente al grave desabastecimiento de las familias vulnerables de su área metropolitana. A tal efecto, la Fundación repartió aproximadamente 15.000 canastillas que se entregaron a domicilio para evitar que las familias tuviesen que desplazarse. Estas canastillas contenían productos para niños recién nacidos por valor de 700€. También puso en marcha un centro de atención en el que se atendieron 350.000 llamadas de emergencia sanitaria, alimentaria y de alojamiento. Mientras las administraciones públicas no supieron o no pudieron dar una respuesta ágil a la demanda social de los afectados, bien por saturación o por falta de competencia, la Fundación Madrina repartió más de 20 toneladas de alimentación e higiene infantil, material escolar, leña, butano y placas solares a un centenar de instituciones entre las que se contaba el propio Samur social.
El Ayuntamiento de Madrid se excusa diciendo que el presupuesto pactado con Recupera Madrid incluye la creación de un programa de apoyo a madres embarazadas y el refuerzo del programa de salud materno infantil gestionado por Madrid Salud. Y también que la Fundación Madrina podrá concurrir a estas últimas en régimen de justa competencia. No obstante, los programas de apoyo a gestantes incluyen, junto con las ayudas para llevarlo a término, ayudas al aborto como salida a los embarazos conflictivos o no deseados.
Ocurre, sin embargo, que el embarazo no es sólo “algo” que le pasa al cuerpo de la mujer sino, también y sobre todo, el primer momento existencial y la primera etapa vital de un nuevo ser humano. Desde esta perspectiva, no se pueden equiparar las ayudas a la gestación con las ayudas al aborto. Porque, o bien los no nacidos carecen de un expreso derecho a la vida –en cuyo caso el aborto no plantea ningún problema de conciencia– o bien sí lo tienen y su vida no está a disposición de la conciencia de otras personas. En esto consiste, precisamente, el carácter fundamental de los derechos: en su indisponibilidad para depender de la conciencia de los demás (Spaemann, 2005, pág. 103).
Además, y sin eludir en ningún momento la carga de la prueba, este Observatorio ha reiterado que la moderna genética, la embriología y la obstetricia han mostrado, con suficiencia, que la vida humana comienza con la fecundación del ovocito, evolucionando hacia el embrión, el feto y el recién nacido en un proceso de perfecta unidad vital, continuo y sin interrupciones, que identifica al nuevo ser como humano y genéticamente distinto a todos los demás (Aznar, 2014); que el embrión, en efecto, no es una «extensión» del cuerpo materno, sino que posee su propia identidad genética y contiene en sí mismo toda la información necesaria para el desarrollo completo del nuevo ser hasta su estado adulto; o que el zigoto es ya un ser vivo «nuevo», humano, distinto a su madre y capaz de autogobierno biológico durante el proceso gradual de su formación. La entidad de estos argumentos no ha sido rebatida convincentemente hasta el momento. Por eso, las ayudas a la gestación y las ayudas al aborto no deberían tener, en ningún caso, un valor jurídico ni moral parejo.
Lo cierto, sin embargo, es que bajo el paraguas de la “salud reproductiva” las administraciones públicas sí presentan el alumbramiento y el aborto como alternativas equivalentes. Y, en cierto sentido, resulta comprensible que así lo hagan pues son ya varias las décadas en las que asistimos a la rendición de lo deontológico frente a lo estratégico. En Problems of Moral Philosophy (Adorno, 2001) Theodor Adorno advertía que las normas tradicionales de comportamiento han dejado de ser obvias e indiscutidas (p. 16). De ahí que la Bioética se haya convertido en una suerte de razón instrumental orientada a la resolución de conflictos con procedimientos tomados de la teoría de juegos y de la decisión racional (Barrio, 2015, p. 28). Rara vez –se quejaba Spaemann en una conferencia pronunciada en Múnich (Spaemann, 2003a, pág. 34)– se apela ya a los filósofos morales para que respondan a la pregunta que en realidad se les debe formular, esto es: a la pregunta sobre cómo se debe vivir. Una pregunta que, de suyo, remite a explicaciones de sentido, a consideraciones teleológicas y a la metafísica.
En el pasado, en efecto, las comunidades resistían los embates de la calamidad aferrándose a los asideros de la religión y a su concepción transtemporal de la realidad (Bell, 2004, pág. 143). Las creencias, en efecto, sintonizan las acciones humanas con el orden cósmico y proyectan imágenes de ese orden sobre el plano de nuestra experiencia» (Geertz, 1973). Hoy, sin embargo, nos encontramos en un estadio decisivo de la historia en el que la creencia y su contrario coexisten como alternativas válidas (Taylor, 2006, pág. 13). Antiguas certezas como el carácter sagrado de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte, están hoy en entredicho. Que sea así no es ajeno a la progresiva complejidad de las condiciones de vida contemporáneas y a la rápida modificación del marco de condiciones de nuestro actuar (Spaemann, 2003b, pág. 207).
Lo relevante es que, en este escenario de confusión, se ha hecho fuerte la creencia en el carácter relativo de cualquier ideal de vida buena. De la imposibilidad, en definitiva, de afirmar un código moral como universal. Hacerlo, constituiría un atentado contra el quicio mismo del sistema democrático: la libertad individual (Llano, 1996). Ahora bien: sin un criterio universalmente aceptado sobre lo que debe considerarse bueno o malo en un sentido incondicional, el único ámbito de consenso razonable es el que se refiere a los procedimientos que legitiman la autoridad de quienes definen, con ayuda de la ley, lo que debe considerarse bueno o malo en un momento dado.
Michael Sandel (Sandel, 1984) encontró una afortunada expresión para definir este tipo de comunidad política: «república procedimental o consensual». Este sistema tiene la virtud de permitir que el interés general no se resienta cuando tropieza con la resistencia de algún afectado (Spaemann, 2003c, pág. 432), pero que no resuelve la cuestión de por qué deben aceptarse las normas que contravienen nuestra conciencia o en cuyo procedimiento de legitimación no hemos participado. Este último es el caso de los engendrados no nacidos, para quienes el acuerdo alcanzado por terceros implica su muerte a manos de un médico. En sede bioética, en definitiva, la «república procedimental» deja al arbitrio de algunos seres humanos –los adultos con uso de razón y representación política– el derecho a la vida de los concebidos no nacidos.
Un ejemplo palpable de lo dicho, se concreta en la oferta de prestaciones sociales a las gestantes con embarazos conflictivos. En general, las administraciones públicas no las ofrecen para preservar la integridad de la vida no nacida ni para garantizar la libertad de la gestante para que responda a sus responsabilidades como madre sin que su vulnerabilidad socioeconómica, la presión de un progenitor irresponsable o una conciencia insuficientemente informada le impidan hacerlo. Antes bien, desprecian estas cuestiones amparándose en la legitimidad de un procedimiento que consiente la conformación de mayorías legislativas con el apoyo de minorías políticas que, a cambio de su ayuda, exigen determinadas imposiciones ideológicas. Una de estas imposiciones consiste en equiparar, cuando no en privilegiar, las ayudas al aborto con las ayudas a la maternidad.
Mapa de la Maternidad
Probablemente, esto sea lo que ocurre en España. Así se colige del informe «Mapa de la Maternidad» elaborado por la Fundación REDMADRE. Éste señala que, un año más, las ayudas de las administraciones públicas españolas (estatales, autonómicas y locales) a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, no alcanzaron los ocho euros de media por mujer en 2020. De hecho, desde 2018 apenas se han incrementado en dos euros (cope.es, 2021) y tan sólo Andalucía se ha sumado a la lista de siete Comunidades Autónomas que ofrecen ayudas a las mujeres embarazadas con dificultades. Y 
precisamente sólo Andalucía, junto con Galicia, supera el millón de euros para este tipo de ayudas. Por debajo de los 500.00 € se encuentran Madrid, Asturias y Castilla y León. Menos de 100.000 €: Baleares, La Rioja y Cataluña. El resto destina ¡0 euros en ayudas a la maternidad!
María Torrego, presidenta de la Fundación REDMADRE, ha destacado que España ocupa el puesto 24 de 30 países en lo que respecta a los apoyos a mujeres gestantes. Amaya Azcona, su Directora General, subraya la incongruencia que consiste en ofrecer tan pocos apoyos a la maternidad cuando “un 52% de los hogares encabezados por mujeres madres están en riesgo de pobreza y cuando las mujeres con hijos tienen el doble de probabilidades de estar desempleadas y un 20% más de tener un contrato temporal” (cope.es, 2021). A juicio de Marta Torrego, esta deficiente financiación, unida a los obstáculos sociolaborales a los que se enfrentan las mujeres cuando se quedan embarazadas, convierte la maternidad en una importante causa de discriminación. Y curiosamente, mientras el gobierno de España presume de concentrar gran parte de su esfuerzo legislativo en la redacción de leyes de contenido social -alguna de las cuales obedece a una demanda social objetivamente marginal- no ha sido capaz de promulgar una ley de lucha contra la exclusión social motivada por la maternidad.
Pero el dato relevante del “Informe Mapa de la Maternidad”, a nuestro juicio, no es que las políticas de apoyo a la maternidad por parte de las administraciones públicas españolas sean insuficientes, sino que los países europeos que destinan mayor porcentaje de su PIB a la familia y cuentan con programas de apoyo a la maternidad, tienen cifras de aborto significativamente inferiores a las de España. En la misma línea, REDMADRE testimonia que 8 de cada 10 mujeres embarazadas que reclaman sus servicios, llevan su embarazo a término. Y esto certifica que, cuando una gestante en situación de vulnerabilidad recibe el debido apoyo, opta por ser madre antes que por abortar. La cuestión, ahora, es si nuestra Administración está por la labor de ayudar a las madres o no lo está.
Enrique Burguete Miguel. Instituto Ciencias de la Vida
Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia
REFERENCIAS:
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Bell, D. (2004). Las contradicciones culturales del capitalismo (7ª ed.). (N. Mínguez, Trad.) Madrid: Alianza.
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Llano, A. (1996). Claves filosóficas de los actuales debates filosóficos. Humanitas(4), 532-544.
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