En julio de 2021 analizamos ampliamente en nuestro Observatorio de Bioética, la polémica que se provocó en los juegos olímpicos de Tokio al competir como “mujer transexual” en la competición femenina un atleta de sexo biológico masculino, que se había sometido a un proceso de transición de género.
Se trataba de Laurel Hubbard, atleta de halterofilia que se clasificó para los juegos olímpicos representando a Nueva Zelanda. Esta decisión presentó objetivos problemas bioéticos, dado que esta atleta transexual pudo tener ventajas biológicas (como mayor musculatura o niveles altos de testosterona) respecto a las mujeres que compitieron contra ella, lo que pudo suponer una superioridad significativa en la competición. Tras una larga controversia, la neozelandesa se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos en una categoría de género diferente a la determinada por su sexo biológico, aunque después de un intento fallido tras levantar 120 kg y dos esfuerzos fallidos con 125 kg en el arranque, quedó fuera de la competencia.
Ahora sale a la palestra un nuevo caso análogo al anterior, el del atleta transexual Lia Thomas (Will Thomas hasta 2019), un varón según su sexo biológico que se siente mujer y que, tras competir en natación en la categoría masculina sin palmarés, acaba de vencer en la categoría femenina a dos recientes subcampeonas olímpicas, Erica Sullivan y Emma Weyant, en las 500 yardas -alrededor de 450 metros- de las finales universitarias en Estados Unidos.
En 2016 el Comité Olímpico Internacional (COI) estableció que la única condición para que este tipo de atletas, masculinos biológicamente pero que se sienten mujeres, puedan competir en categoría femenina es que su nivel de testosterona sea inferior a los 10 nanogramos por mililitro de sangre, pero existe división de opiniones al respecto y el malestar en el mundo deportivo es cada vez mayor al considerarse que estas deportistas compiten con una superioridad significativa en las competiciones.
División de opiniones en EEUU
Precisamente estos días, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, ha anunciado que se unirá al menos a otros 11 estados liderados por republicanos que prohíben que las mujeres y niñas transgénero, biológicamente varones, participen en deportes escolares que coincidan con su identidad de género femenina.
Los patrocinadores republicanos del proyecto de ley afirmaron que es necesario proteger la integridad de los deportes femeninos y las oportunidades para que las niñas obtengan becas deportivas universitarias, pero, no obstante, señalaron que no ha habido casos en el estado en que las niñas fueran superadas por atletas transgénero.
Holcomb declaró recientemente que aún no había tomado una decisión sobre el proyecto de ley, aunque está firmemente de acuerdo en que «los niños deberían practicar deportes de niños y las niñas deberían practicar deportes de niñas», refiriéndose al sexo biológico y no al género sentido.
El gobernador también señaló a la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Indiana, que ya tiene una política que cubre a los estudiantes transgénero, afirmando que ninguna “niña transgénero” ha formalizado una solicitud para jugar en un equipo femenino.
Paralelamente, en el estado de Utah, se ha prohibido a los estudiantes trans participar en deportes escolares alineados con su identidad de género desde el pasado viernes 25 de marzo; y en febrero, la gobernadora del estado Dakota del Sur, Kristi Noem, firmó una ley parecida que prohíbe la participación de atletas trans en deportes femeninos en los centros educativos del estado. Noem afirmó que «hay que proteger a las mujeres biológicas para que compitan en igualdad de condiciones, sin desventaja, para gozar de oportunidades para el éxito».
Nuestra valoración
El establecimiento de un umbral en las tasas plasmáticas de testosterona como criterio único para permitir o no la participación deportiva en las categorías separadas por sexo, se muestra como una medida totalmente insuficiente y, en algunos casos, contraproducente. El desarrollo fisiológico de un varón, condicionado por su impronta genética y las hormonas que codifica, es abiertamente distinto al de una mujer. Esto incluye, además de las diferencias genéticas y endocrinas, como sus niveles de testosterona, otras que afectan al sistema inmune, la configuración cerebral, la estructura anatómica, ósea, y los procesos metabólicos entre otros, que confieren ventajas a varones y mujeres en distintas áreas, lo que ha provocado que, desde siempre, determinadas competiciones deban realizarse agrupando separadamente a varones y mujeres para tratar de ofrecer igualdad de oportunidades según las posibilidades que ofrece la naturaleza sexuada.
La perniciosa influencia de la ideología de género que pretende cancelar toda diferencia ligada al sexo, está detrás del pretendido intento de abolir la competición segregada por sexos. La evidencia de que estas diferencias existen, y de que es imposible eliminarlas absolutamente mediante tratamientos farmacológicos, hormonales o quirúrgicos, se impone ante la delirante pretensión de que cada uno es lo que cree ser, varón o mujer, pudiendo ser otra cosa solo con tal que así lo sienta.
No. La naturaleza heredada, que comprende también el sexo biológico determinado en nuestra genética por miles de genes y no modificable, es constitutiva de nuestro ser personal, de nuestra forma de existir, y comporta fortalezas y limitaciones que no suponen desventaja alguna en cuanto a nuestra dignidad, que es la propia de la persona humana.
En el deporte, como en otros ámbitos, la competición debe realizarse en situaciones que proporcionen el mayor nivel de similitud de oportunidades posible. Así los atletas paralímpicos no compiten con atletas sin discapacidad alguna, e incluso entre los propios paralímpicos se establecen categorías que pretenden equiparar el nivel de capacidad para proporcionar la mayor similitud de oportunidades posible.
Ha sido la protesta de las mujeres que observan como un varón biológico, Lia Thomas, nadador con genitales masculinos, que muestra en el vestuario femenino, que afirma sentirse mujer y ha sido reconocido legalmente como tal, la que ha puesto en evidencia la discriminación que supone admitir en la categoría femenina a quien compite con características masculinas frente a mujeres, manifestando en este caso una superioridad manifiesta.
Lo más preocupante del caso, a nuestro juicio, no es el agravio comparativo resultante del trato discriminatorio que se aplica a las atletas femeninas, sino que cueste tanto convencer a los partidarios de esta discriminación de algo obvio: la naturaleza recibida, que nos conforma como individuos únicos de la especie humana, y que comprende nuestro sexo biológico, es mucho más que un sentimiento sujeto a interpretaciones cambiantes, que lejos de igualarnos promueve discriminaciones como la que nos ocupa, que no es la única desgraciadamente.
Julio Tudela Cristina Castillo del Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia
******************************************************************
Los autores de un trabajo publicado en la revista Health Services Research and Managerial Epidemiology, afirman que existe una brecha «significativa» en los informes del gobierno federal de Estados Unidos sobre las complicaciones de las píldoras abortivas, lo que genera dudas sobre si los funcionarios fueron informados cuando se desreguló su uso en diciembre.
Ese mes, la agencia Norteamérica reguladora de la autorización de los medicamentos, la Food and Drug Administration (FDA), facilitó datos de informes de efectos adversos (EA) en la píldora abortiva, a base de mifepristona, sola o combinada con misoprostol, para justificar su decisión de eliminar el requisito de recoger en persona el medicamento.
Pero un grupo de médicos de la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida (AAPLOG) ha declarado que los datos muestran una «discrepancia significativa» entre los datos de la FDA y los informes de las fuentes que informan sobre ellos.
Determinar la exactitud de la información suministrada por la FDA es relativamente difícil, ya que requiere comparar los propios datos de la agencia con los de las entidades privadas. La FDA se basa en los informes de efectos adversos de Danco Laboratories, que fabrica la píldora abortiva y utiliza la información de Planned Parenthood.
Los investigadores, que pudieron comparar los datos de 2009-2010 del sistema de información de la web de la FDA con los informes reales de EA obtenidos a través de la Ley de libertad de información y los aportados en un estudio realizado por Kelly Cleland y otros, (que utilizaron datos de Planned Parenthood), se dieron cuenta de que existían diferencias significativas en la cantidad de EA totales para los abortos con mifepristona del periodo 2009-2010 identificados por Planned Parenthood y los del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la FDA (FAERS). En este sentido, la confiabilidad de FAERS para evaluar la seguridad o la eficacia de los abortos con mifepristona se pone en duda.
El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) ha respaldado la desregulación del uso de la mifepristona y ha criticado el estudio alegando que el aborto con medicamentos es seguro y eficaz y que presenta riesgos similares a otros procedimientos médicos comunes. El ACOG apoya la reciente eliminación por parte de la FDA de las restricciones específicas sobre la mifepristona, alegando que el nuevo estudio tiene errores, pero sin especificar cuáles son.
Esta no es la primera vez que los datos de la FDA están bajo escrutinio por su poco rigor, dado que su informe de eventos adversos sólo cubre las muertes y se basa en los informes de los fabricantes.
Un estudio del Instituto Charlotte Lozier contra el aborto ha analizado los datos de Medicaid, llegando a la conclusión de que los ingresos en urgencias aumentaron en el caso del aborto químico a un ritmo más rápido que para los procedimientos quirúrgicos. Este aumento se cifra en un 507 %, pasando del 8,5 al 51,7 por 1000 entre 2002 y 2015, frente al caso de los abortos quirúrgicos, que aumentaron un 315 %.
Valoración bioética
Tres son las cuestiones que deben analizarse en la valoración bioética de este hecho:
- Primero, la tendencia liberalizadora en la administración de un medicamento abortivo, destinado a provocar la muerte de embriones humanos en las primeras fases de embarazo, supone dificultar las posibilidades de control clínico y farmacoterapéutico, fomentando, mediante la facilidad para su obtención y ausencia de controles, situaciones de riesgo para la salud de la mujer.
- Segundo, la pretendida desregulación que promueve la ACOG reduce las posibilidades de que la mujer que se plantea abortar reciba información sobre sus riesgos, posibles secuelas y alternativas.
- Y tercero, los sesgos detectados en el manejo de la información por parte de agencias del prestigio de la FDA, que parecen recoger exclusivamente datos de fuentes favorables a la extensión de las prácticas abortivas, suponen un atentado contra el ejercicio de la autonomía del paciente, que requiere que la información suministrada sea rigurosa, veraz, completa y actualizada, sin la cual no es posible adoptar decisiones libres (Ver más).
Ester Bosch. Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario