Conflictos por resolver antes de la llegada de la vacuna de la Covid-19

Aunque nos hemos referido previamente a los aspectos bioéticos relacionados con la obtención de vacunas eficaces contra la Covid-19, nuevos dilemas se plantean a la hora de su utilización y distribución en el momento en que estén disponibles. Un reciente artículo publicado en Diario Médico estudia ampliamente los posibles escenarios que pueden darse ante la necesidad de racionalizar el suministro de las vacunas a la población. Pasamos a resumir los aspectos fundamentalmente a tener en cuenta en su valoración bioética. 1.-La priorización de los pacientes ¿Quiénes deben ser los pacientes que de modo preferente reciban las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19? En principio son tres los factores a tener en cuenta: la edad, la existencia de patologías de base y la condición de personal sanitario. En principio, habría que establecer un primer filtro con pacientes mayores de 75 años, para ir reduciendo la edad a medida que mejora la disponibilidad de dosis de vacunas, dando preferencia a los individuos de este grupo que sufran patologías previas de riesgo. Un factor que habrá que tener en cuenta es que, dado que todas las vacunas no serán idénticas, quizá algunas sean más apropiadas para ciertos colectivos que otras, debiendo esperar a disponer de ellas para adjudicarlas a los distintos grupos de población. La preferencia de los colectivos sanitarios y los implicados en servicios de cuidados sociosanitarios parece indiscutible, porque su protección preferente contribuye a garantizar la atención al resto de la población. 2.- La obligatoriedad de la vacunación Aunque es un tema controvertido y las exigencias legales sobre vacunación varían de unos estados a otros, en España la vacunación no puede imponerse a los ciudadanos que se opongan ello. La única vía para lograr la vacunación generalizada de la población pasa por facilitar la información adecuada y tratar de persuadir con el positivo balance de beneficio/riesgo que ofrece la vacunación universal. ¿Podrán ser obligados a vacunarse los reticentes a hacerlo en el caso de la COVID-19 dado que se trata de un grave problema de salud pública, de dimensiones pandémicas? Hay partidarios y detractores de la obligatoriedad, pero deberá plantearse cuando comiencen las campañas de vacunación. El conflicto entre el respeto a las libertades individuales y la obligación de salvaguardar un bien público como es la salud, se muestra especialmente sangrante en este caso, por lo que podrían adoptarse medidas más restrictivas que hasta ahora. 3.- ¿Se vacunará a los que se han inmunizado? Las personas que han superado la enfermedad o muestran anticuerpos contra el virus Sars-Cov-2, están protegidas contra reinfecciones de modo general, pero hoy no puede precisarse, dado lo reciente de la enfermedad, durante cuanto tiempo. Aunque los casos de reinfección son anecdóticos, la eficacia de la inmunización está por confirmarse en el transcurso del tiempo. Desde luego, independientemente de los nuevos datos que vayan apareciendo al respecto, no parece que las personas inmunizada deban gozar de ninguna preferencia a la hora de ser vacunadas. Un control de sus niveles de anticuerpos a lo largo del tiempo irá indicando la necesidad de que finalmente lo necesiten o no. 4.- ¿Vacuna exclusivamente pública y financiada o también privada? La respuesta a esta pregunta dependerá de su disponibilidad. Parece lógico por respeto al principio de justicia distributiva, que, hasta que existan dosis suficiente para todos, debería evitarse el desvío de dosis de vacunas al canal de salud privada, es decir, disponibles para quienes puedan pagarlas, debiendo priorizarse los criterios sanitarios y epidemiológicos reseñados más arriba a otros de tipo económico. Solo cuando los requerimientos de saludo pública hayan sido satisfecho podría hablarse de distribución de vacunas por el canal privado. 5.- ¿Quién gestionará la distribución de las vacunas? El caos organizativo que estamos presenciando con la atomización de la gestión autonómica en España con cuestiones como la de la actual pandemia, hace temer que una no centralización de la distribución de las vacunas conduzca a nuevas desigualdades entre la población. Mientras las dosis disponibles no alcancen a toda la población un mando estatal debería regular su distribución para aplicar los criterios objetivos de salud pública que aseguren que, en cualquier territorio, los que primero reciben sus vacunas son los que más lo necesitan, sin otro criterio de orden político o económico. 6.- Y todo esto, ¿para cuándo? Desde luego, no para cuando ha anunciado el gobierno español, que vuelve a errar en este aspecto. La garantía que exige la fase III de los estudios farmacológicos en marcha nos sitúa no antes del segundo semestre de 2021. Los efectos secundarios de posible aparición, así como la evaluación de la eficacia y durabilidad de la inmunidad conferida no permiten plazos excesivamente cortos, que expondrían a la población vacunada a riesgos difícilmente evaluables y con consecuencias de gravedad desconocida. Por tanto, el principio de prudencia y la buena praxis en la investigación obligan a respetar los plazos, aunque éstos se hayan visto sensiblemente reducidos con respecto a investigaciones previas en otras vacunas.