Este sorprendente posicionamiento parece ser continuador de las políticas que desde el Ministerio de Igualdad se pretenden llevar a cabo, por ejemplo, con la pretensión de la dispensación de los contraceptivos postcoitales de forma libre en las oficinas de farmacia y centros de salud.
¿Es útil, segura y lógica realmente esta petición?
La supresión de la necesidad de prescripción médica para los tratamientos hormonales a base de progestágeno sólo en contracepción, parece que podría favorecer a ciertas empresas farmacéuticas que venderán más cuantos menos controles se exijan en la dispensación. Por otro lado, los médicos de atención primaria y de familia, que se sumen a la posición liberalizadora, podrían ver descongestionadas sus consultas al no tener que realizar seguimiento de las mujeres sometidas a tratamiento contraceptivo hormonal, pero de forma inconsecuente dejarían en manos de las usuarias el uso de estos medicamentos con los consiguientes problemas que podrían acarrear. Y en el caso de los farmacéuticos podrían ver recaer toda la responsabilidad sobre ellos, además sin disponer de ningún acceso a la historia farmacoterapéutica y por ende sin poder conocer si han obtenido el fármaco en otra farmacia previamente, por ejemplo, con lo que es difícil que puedan realizar una labor dispensadora ajustada a criterios de eficacia y seguridad e incluso ejercer una farmacovigilancia correcta.
A quien perjudica la libre dispensación
Las grandes perjudicadas son, sin duda, las usuarias que accederán a un tratamiento hormonal de larga duración sin una anamnesis previa que pueda detectar situaciones de contraindicación para el tratamiento, riesgos objetivos que aconsejan no administrarlo o efectos secundarios que puedan derivarse y que las pacientes pueden no relacionar con los tratamientos, no adoptando medidas correctoras apropiadas por la falta de control médico y farmacoterapéutico. Basta con leer la ficha técnica o el prospecto aprobado por la AEMPS de los anticonceptivos con progestágeno, para conocer bien los posibles efectos indeseables que pueden aparecer1. Esta cuestión sí consideramos que es lo suficientemente grave como para poder afirmar en ciencia que en nada favorece a la tantas veces dicha: “salud sexual y reproductiva”
Libre acceso a la contracepción e incidencia en la tasa de abortos y embarazos no deseados.
La reducción del número de embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual, son fines que han sido esgrimidos por los promotores de la libre dispensación de los métodos contraceptivos, de manera que su acceso sea universal y, en algunos casos, gratuito.
Experiencias previas en el caso de la contracepción postcoital muestran una evidencia que ofrece pocas dudas: no parece que los objetivos perseguidos con la dispensación libre y gratuita logre el objetivo de reducir las tasas de embarazos no deseados y abortos. Y es evidente que las cifras no engañan.
En una amplia revisión, que incluye 717 artículos de los cuales fueron seleccionados 23 revisiones, Raymond et al. concluyen: “Hasta la fecha ningún estudio ha mostrado que el incremento del uso de la contracepción de emergencia reduzca el número de embarazos no intencionados o abortos” [i].
Ya en el año 2010, una revisión Cochrane ofrecía la siguiente conclusión: “Proporcionar a las mujeres contracepción de emergencia por adelantado no reduce los embarazos no deseados a nivel poblacional” [ii].
Este estudio no encuentra incrementos en la tasa de enfermedades de transmisión sexual (ETS) tras la facilitación del acceso a estos tratamientos, pero, sin embargo, otro estudio del mismo año afirma: “Un mayor acceso a los contraceptivos de emergencia en las farmacias para los adolescentes, no parece haber reducido las tasas de embarazos de adolescentes en Inglaterra. En contraste, nuestros resultados proporcionan evidencia de que estos esquemas están asociados con una mayor tasa de diagnósticos de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes. El efecto estimado sobre las tasas de ETS entre los menores de 16 años es mayor que la de los adolescentes de más edad» [iii].
Pero hay más. En un posterior trabajo, de 2012, se afirma: “El mayor acceso (a los métodos contraceptivos de emergencia) se asocia con un aumento en la tasa de gonorrea, tanto a nivel general como para las mujeres jóvenes de 15-24 años, del orden del 12-17 %. No encontramos ninguna evidencia de que las tasas de aborto o de nacimiento se vean afectados por la libre dispensación en farmacias» [iv].
Valoración bioética
Suprimir el control médico en la prescripción de los contraceptivos hormonales orales a base de progestágeno constituye una violación de los criterios de seguridad en la farmacovigilancia y en la farmacoterapia y seguimiento clínico de las personas que utilizan estos medicamentos, en cuyo prospecto se especifica claramente la conveniencia de realizar una valoración clínica de riesgos-beneficios antes de su utilización cumplimentando una historia clínica y un reconocimiento ginecológico minucioso para excluir el embarazo entre otras cosas, así como investigar alteraciones de la menstruación, como oligomenorrea y amenorrea o efectuar controles durante los primeros meses de utilización en caso de pacientes diabéticas o con problemas coronarios y hematológicos.
Omitir esta deseable vigilancia médica y farmacéutica, expone a las usuarias a riesgos inaceptables. Las consecuencias de una utilización de estos medicamentos sin control alguno puede provocar problemas de salud que pueden afectar también a la utilización de recursos sanitarios relacionados en el tratamiento de sus complicaciones.
Resulta totalmente inaceptable que, en este caso, la petición liberalizadora provenga de algunas sociedades científicas de médicos de asistencia primaria, de familia y farmacia comunitaria, cuya responsabilidad es velar por la seguridad y eficacia de los tratamientos, objetivo al que no contribuye la omisión de la labor de diagnóstico y seguimiento de las mujeres candidatas a ellos. En contraposición, no existe evidencia, como se ha argumentado, de que estas prácticas liberalizadoras con supresión de control médico y dispensación libre y gratuita contribuyan a reducir las tasas de embarazos no deseados y abortos.
AEFAS (Asociación Española de Farmacia Social)
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