Informe de la ONU sobre la libertad de religión y creencias

El pasado mes de febrero, el relator especial de la ONU Ahmed Shaeed publicó su informe anual sobre la “Libertad de religión o creencias”. En el mismo, aprovechó la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (referida a los derechos y la igualdad de las mujeres), para establecer una pretendida vinculación entre el objeto de su informe, la libertad de religión, y la violencia de género.

Para justificar esta vinculación el relator subraya que, en algunos países, hay leyes que violan los derechos de las mujeres, las niñas y los miembros del colectivo LGTB+[1] tras las que subyacen, supuestamente, preceptos religiosos. Añade, además, que en otros países la reivindicación de libertad religiosa esconde la intención, o al menos se utiliza como excusa, para desproteger a las víctimas de violencia y discriminación de género.

Entre los datos que aporta el informe, destacan los referentes a la mutilación genital femenina y al matrimonio precoz/forzado. Al parecer, al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas en la última década y alrededor del 30% de las mujeres de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de haber cumplido los 18. El informe añade, además, que setenta y dos países de todo el mundo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y hasta 11 imponen la pena de muerte por actos homosexuales. Por último, afirma que la violación conyugal y la poligamia, condenadas como “prácticas tradicionales dañinas” por la comunidad de derechos humanos, son prácticas justificadas por las religiones. No distingue, en cambio, qué religiones consienten dichas prácticas o si, en alguno de los estados de tradición católica, dichas prácticas son legales o socialmente aceptadas.

El relator alerta sobre lo que considera una evidencia: que, en todas las regiones del mundo, quienes abogan por preservar o imponer políticas discriminatorias contra las mujeres, las niñas y las personas LGBT+ alegan justificaciones religiosas. De hecho, subraya que la violencia de género y la discriminación se perpetúan en el interior de las comunidades religiosas. Respecto de la Iglesia Católica señala, en particular, que se opone a la salud reproductiva y a los derechos sexuales de las mujeres (eufemismos con los que la ONU se refiere al aborto), al tiempo que niega la igualdad de las personas LGBT+.

Evidentemente, esta afirmación es más ideológica que reflexiva. Ningún católico aboga por un sistema sanitario inseguro o que no trate de minimizar los riesgos inherentes al embarazo y el parto; o pretende detraer derechos al colectivo queer, a no ser que estos derechos vulneren derechos fundamentales de terceros. Esto es, precisamente, lo que la ONU calla: que entre los pretendidos derechos LGTBI que la doctrina moral católica no contempla, se encuentra la criminalización de los padres que se niegan a consentir el bloqueo hormonal de la pubertad de sus hijos. Esta negativa, por cierto, no obedece a motivaciones doctrinales, sino a los estudios que evidencian que el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confundieron su género, finalmente aceptaron su sexo biológico tras pasar por la pubertad [Wallien, M. S. & Cohen-Kettenis, P. T. (2008). Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1413-23; Drummond, K. D., Bradley, S. J.-B. & Zucker, K. J. (2008). A follow-up study of girls with gender identity disorder. Dev Psychol, 44, 34-45].

La ONU calla, también, la evidencia científica sobre los efectos secundarios del tratamiento hormonal en los menores de edad. Efectos que van desde la afectación del crecimiento óseo hasta potenciales problemas hepáticos por el uso de la flutamida, un antiandrógeno indicado exclusivamente para adultos con carcinoma de próstata avanzado, en tratamientos feminizantes a menores de edad en dosis no seguras. Finalmente, tampoco explica que entre los derechos supuestamente vulnerados del colectivo queer por parte de la dotrina moral católica, figura el de su reasignación como reproductor mediante la transmisión de su propio material genético con ayuda de las técnicas de reproducción asistida y la maternidad subrogada, esto es: la utilización de mujeres en situación de vulnerabilidad; o el de subvertir y transgredir la propia naturaleza sexuada, presentándolo como una gran conquista social, cuando el embarazo se produce en personas transexuales que, nacidas como mujer, modelan hormonal y quirúrgicamente su cuerpo para transitar a varón y que conservan su sistema reproductivo femenino para ser inseminadas por sus parejas u otras personas transexuales que nacieron varón y que transitaron hacia mujer transexual conservando sus genitales masculinos[2].

Para la ONU, los derechos de los hijos de estas parejas son irrelevantes o, cuanto menos, no tan fundamentales como los de sus progenitores. Y si la Iglesia los defiende, la ONU califica sus principios como peligrosos y discriminatorios.

VALORACIÓN DEL OBSERVATORIO

Arthur Schopenhauer dijo que la verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada; luego, recibe una violenta oposición; finalmente es aceptada como evidente. No obstante, las dos primeras fases son sólo dos caras de una misma moneda: esa moneda con la que el establishment sostiene su dictadura ideológica y silencia la libertad de pensamiento y expresión.

Amparados en la evidencia científica que no sólo no refuta, sino que confirma los principios morales y las convicciones antropológicas de la Iglesia Católica, nuestro Observatorio sostiene la validez de lo que siempre ha sido, porque siempre es: que la condición humana es sexuada y su expresión se circunscribe a dos únicos sexos biológicos y dos géneros -masculino y femenino- que se construyen a partir de los primeros; que existen, por tanto, dos modos de ser persona: varón y mujer, radicalmente iguales en su dignidad y en sus derechos, pero ricamente diferentes y complementarios entre sí.

Consideramos adecuado, por tanto, el discurso de la Iglesia respecto de la ideología de género. También su promoción y difusión de la síntesis entre la fe y la buena ciencia como estrategia de inmunización frente a la imposición de toda suerte de totalitarismo ideológico. Si su apelación a la evidencia científica -que hacemos nuestra- conlleva soportar el estigma de ser considerada «contrarrevolucionaria» o «contracultural», deberá hacerlo con orgullo. Porque no es la Iglesia Católica, como tampoco este Observatorio, quien tilda de mera «retórica» a la ciencia[3], ni sostiene que la diferencia sexual no es una categoría natural, sino ideológica[4].  Es la ideología de género que el relator sitúa como víctima de la fe.

Tampoco es este Observatorio, como no lo es la Iglesia Católica, quien contribuye a la forja de un mundo que se mueve en dos planos irreconciliables: el oficial, sin libertad de pensamiento, y el privado, donde la libertad religiosa consiente que sea la ciencia, y no la ideología, quien defina nuestra naturaleza.

Frente al informe de la ONU, este Observatorio se ratifica en todo lo que durante los últimos años ha venido publicando y que, en resumen:

1. Demuestra su sincero respeto por todas y cada una de las personas, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género sentida. También con independencia de sus opiniones y creencias, aunque contrariamente a las personas que las sostienen y expresan, no todas tengan el mismo valor.
2. Demuestra su radical convencimiento en la igualdad ontológica entre el varón y la mujer, sin perjuicio de las notorias diferencias que su morfología, su genética y su sistema endocrino determinan.
3. Demuestra su firme convicción en la pluralidad de perspectivas frente a una verdad, que aun siendo una, se deja decir de muchas maneras. Por eso, aboga por una indagación dialógica cordial que tenga en cuenta la perspectiva de la buena ciencia, la reflexión filosófica sólida y la fe. Los radicalismos, los intereses particulares y las tendencias polarizadoras o totalitarias no tienen cabida en un diálogo que persigue la verdad.
4. Demuestra un firme reconocimiento de las libertades individuales y considera la regulación del papel de la autoridad como una conquista social. Y rechaza, en consecuencia, toda suerte de límite o censura a la libertad religiosa, a la libertad de ciencia y a la libertad de opinión.