La liberalización de la dispensación de los fármacos contraceptivos hormonales de administración oral tiene un único precedente en el caso de los contraceptivos postcoitales en diferentes países.
Como hemos apuntado en informes previos desde nuestro Observatorio, excluir estos medicamentos hormonales del circuito que incluye la prescripción médica y el control de dispensación de las farmacias supone, eliminar el control farmacoterapéutico que el correcto uso de estos fármacos requiere.
Las experiencias liberalizadoras desarrolladas en países de nuestro entorno no han contribuido en ningún caso a conseguir el fin que se persigue con la liberalización, universalización y gratuidad de los métodos contraceptivos de emergencia: no se reducen los embarazos ni abortos y en cambio se incrementa, en algunos casos, la prevalencia de las enfermedades de trasmisión sexual.
Valoración Bioética
Como afirmamos en un informe anterior, la supresión de la necesidad de prescripción médica para los tratamientos hormonales a base de progestágeno sólo en contracepción, parece que podría favorecer a ciertas empresas farmacéuticas que venderán más medicamentos cuantos menos controles se exijan en la dispensación. Por otro lado, los médicos de atención primaria y de familia, que se sumen a la posición liberalizadora, podrían ver descongestionadas sus consultas al no tener que realizar seguimiento de las mujeres sometidas a tratamiento contraceptivo hormonal, pero de forma inconsecuente dejarían en manos de las usuarias el uso de estos medicamentos con los consiguientes problemas que podrían acarrear. Y en el caso de los farmacéuticos, al no disponer de acceso a la
historia farmacoterapéutica y por ende no poder conocer si las usuarias han obtenido el fármaco en otra farmacia previamente ni de qué forma se ha utilizado, van a ver muy limitada su posibilidad de control relacionada con su labor dispensadora ajustada a criterios de eficacia y seguridad e incluso ejercer una farmacovigilancia correcta.
En cambio, las grandes perjudicadas de las medidas liberalizadoras en la dispensación de estos contraceptivos son, sin duda, las usuarias que accederán a un tratamiento hormonal de larga duración sin una anamnesis previa que pueda detectar situaciones de contraindicación para el tratamiento, riesgos objetivos que aconsejan no administrarlo o efectos secundarios que puedan derivarse y que las pacientes pueden no relacionar con los tratamientos, no adoptando medidas correctoras apropiadas por la falta de control médico y farmacoterapéutico. Basta con leer la ficha técnica o el prospecto de los contraconceptivos con progestágeno, para conocer los posibles efectos indeseables que pueden aparecer[1].
En este sentido, como hemos publicado recientemente, nuevos efectos secundarios están siendo asociados a la administración de determinados fármacos contraceptivos hormonales orales, como es el caso de la depresión. Este grave efecto secundario, evidenciado por una investigación actual, supone un riesgo añadido al uso indiscriminado de estos fármacos que ahora parece favorecerse con las medidas liberalizadoras propuestas. Suprimir la necesidad de la prescripción médica y del control de dispensación farmacéutico conlleva la pérdida de toda posibilidad de detectar complicaciones asociadas al uso de determinados fármacos así como prevenirlas en el caso de mujeres especialmente susceptibles a su aparición: sin duda un paso atrás en la conquista de la seguridad y eficacia de los tratamientos farmacológicos.
Libre acceso a la contracepción e incidencia en la tasa de abortos y embarazos no deseados.
Finalmente, y como hemos apuntado ya, la reducción del número de embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual, son fines que han sido esgrimidos por los promotores de la libre dispensación de los métodos contraceptivos, de manera que su acceso sea universal y, en algunos casos, gratuito.
Debemos insistir en que las experiencias previas en el caso de la contracepción postcoital muestran una evidencia que ofrece pocas dudas: no parece que los objetivos perseguidos con la dispensación libre y gratuita logre el objetivo de reducir las tasas de embarazos no deseados y abortos.
En una amplia revisión, que incluye 717 artículos de los cuales fueron seleccionados 23 revisiones, Raymond et al. concluyen: “Hasta la fecha ningún estudio ha mostrado que el incremento del uso de la contracepción de emergencia reduzca el número de embarazos no intencionados o abortos”[2] .
Ya en el año 2007, una revisión Cochrane ofrecía la siguiente conclusión: “Proporcionar a las mujeres contracepción de emergencia por adelantado no reduce los embarazos no deseados a nivel poblacional”[3].
Este estudio no encuentra incrementos en la tasa de enfermedades de transmisión sexual (ETS) tras la facilitación del acceso a estos tratamientos, pero, sin embargo, otro estudio del mismo año afirma: “Un mayor acceso a los contraceptivos de emergencia en las farmacias para los adolescentes, no parece haber reducido las tasas de embarazos de adolescentes en Inglaterra. En contraste, nuestros resultados proporcionan evidencia de que estos esquemas están asociados con una mayor tasa de diagnósticos de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes. El efecto estimado sobre las tasas de ETS entre los menores de 16 años es mayor que la de los adolescentes de más edad»[4].
Pero hay más. En un posterior trabajo, de 2012, se afirma: “El mayor acceso (a los métodos contraceptivos de emergencia) se asocia con un aumento en la tasa de gonorrea, tanto a nivel general como para las mujeres jóvenes de 15-24 años, del orden del 12-17 %. No encontramos ninguna evidencia de que las tasas de aborto o de nacimiento se vean afectados por la libre dispensación en farmacias»[5].
Julio Tudela
Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia
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