lunes, 12 de febrero de 2024
domingo, 11 de febrero de 2024
sábado, 10 de febrero de 2024
viernes, 9 de febrero de 2024
jueves, 8 de febrero de 2024
La hidroxicloroquina, medicación COVID-19 y muertes en España
La hidroxicloroquina, fármaco utilizado para prevenir y tratar los ataques agudos de malaria en adultos y niños que pesen más de 31 kg, fue prescrito a pacientes hospitalizados por la COVID-19 durante la primera oleada del virus, y pudo estar relacionado con aproximadamente 13.000 muertes prematuras en seis países, de las cuales 2.799 se produjeron en España.
En un estudio publicado en Biomedicine & Pharmacotherapy, un grupo de investigadores ha estimado la mortalidad prematura en relación con el tratamiento con hidroxicloroquina en seis países: Bélgica, Turquía, Francia, Italia, EEUU y España.
El objetivo del estudio ha sido calcular el número de muertes atribuibles al uso de este tratamiento en 2020, durante los primeros meses de la pandemia.
Utilizando estimaciones medianas del uso de hidroxicloroquina en cada país, 13.226 muertes hospitalarias pueden estar relacionadas con la prescripción de este medicamento en los seis países evaluados. Por países, los datos son los siguientes: en Bélgica recibieron tratamiento 10.018 pacientes y fallecieron 231, en Turquía lo recibieron 15.656 y murieron 77, en Francia lo recibieron 15.600 y fallecieron 299, en Italia lo recibieron 72.635 y fallecieron 2237, en EEUU lo recibieron 551.471 y murieron 7.583 y en España lo recibieron 87.437 y fallecieron 2.799.
Sin embargo, y según publica Diario Médico tras analizar los datos del estudio, el doctor Javier de Miguel, jefe de Neumología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha declarado que «ante todo, prudencia. Es evidente que el tratamiento con hidroxicloroquina ha mostrado que no es útil en pacientes con la COVID-19 y, por tanto, queda descartado para esta enfermedad. Pero, parece también muy contundente, y poco prudente, afirmar que haya aumentado la mortalidad entre los pacientes que lo recibieron».
El doctor de Miguel también manifiesta que la terapia con hidroxicloroquina se administraba junto con otros muchos fármacos, como la azitromicina, también ligada a efectos secundarios cardíacos, además de que los pacientes más graves también estaban sujetos a otro tipo de condicionantes, como las patologías previas o la edad, que también pudieron tener un papel posterior. «Los estudios mostraron que no era eficaz porque no reduce la mortalidad en pacientes con la COVID-19. Pero otra cosa bien distinta es que aumente la mortalidad, como se ha señalado ahora. Parece un poco arriesgado».
Cabe recordar que en 2020, durante la crisis de la COVID-19, el entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump se estuvo tomando hidroxicloroquina como medida preventiva para no contagiarse de la enfermedad, a pesar de la poca evidencia existente sobre su eficacia y de la intensidad de sus efectos secundarios.
Trump recomendó su uso en repetidas ocasiones durante las comparecencias informativas sobre la pandemia del coronavirus en la Casa Blanca a pesar de que la FDA desaconsejó su utilización en julio de 2020.
Por un lado, la utilización de medicamentos sin la debida autorización por parte de las agencias reguladoras constituye una práctica que debe evitarse. Excepcionalmente se acepta el “uso compasivo” de algunos fármacos no autorizados para el tratamiento de algunas patologías ante la ausencia de alternativas terapéuticas eficaces y cuando se da un estado de gravedad que no permite esperar a que se desarrolle el complejo procedimiento de autorización del medicamento.
Asegurar que un fármaco es suficientemente eficaz para tratar una patología, para qué pacientes, en qué dosis debe utilizarse y qué
efectos secundarios son esperables tras su administración, supone la realización de costosos y lentos ensayos clínicos en distintas fases, que persiguen ofrecer certezas sobre un balance beneficio/riesgo positivo.
En el transcurso de la pandemia por COVID-19, la ausencia de tratamientos eficaces disponibles, dado lo desconocido de la enfermedad, propició numerosos intentos de aplicar distintos tratamientos en el intento desesperado de frenar la alta mortalidad registrada, especialmente en las primeras fases.
La noticia que ahora se publica plantea la posibilidad de que uno de estos tratamientos ensayados, la hidroxicloroquina, hubiera provocado muertes prematuras en pacientes afectados sin aportar ningún beneficio a la evolución de la enfermedad. Este dato refuerza la necesidad de aplicar escrupulosamente criterios prudentes en la utilización de tratamientos farmacológicos no suficientemente contrastados.
Pero también debe matizarse que dar por sentada una relación inequívoca entre la administración de la hidroxicloroquina y el aumento de mortalidad por COVID-19, supone también una imprudencia si no se disponen de evidencias suficientemente sólidas como para poder afirmarlo.
Como en otras esferas, también en medicina el afán por crear titulares de prensa que persiguen ofrecer novedades o crear alarmas innecesarias, se aleja de la ética que debe acompañar al manejo de la información, que debe ofrecerse con rigor y prudencia.
Julio Tudela y Ester Bosch. Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia
miércoles, 7 de febrero de 2024
Los médicos de urgencias no podrán ser forzados a realizar abortos en Texas
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quiere obligar a los médicos que atienden las urgencias de los hospitales de Texas a realizar abortos cuando sea necesario.
Este asunto no es nuevo. Fue en 2022 cuando a través del proyecto “Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo”, Biden instó a todos los médicos de urgencias, obviando su posicionamiento ético y deontológico, a que ayudaran a las mujeres que lo desearan a abortar.
Greg Abbott, gobernador republicano del estado de Texas, reaccionó en contra de este proyecto dictaminando una orden para impedir que los letrados diesen luz verde a esta iniciativa proabortista.
Un año después, en noviembre de 2023, Biden recurrió de nuevo a los tribunales con intención de derogar la norma federal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, ha dictaminado ahora que esta imposición es ilegal y no se puede llevar a cabo.
El portal de internet Catholinc News afirma que los abogados de Alliance Defending Freedom (ADF), entidad que representa a la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos provida y a las Asociaciones Médicas y Dentales Cristianas, han pedido a este tribunal que «no rechace el fallo del tribunal inferior» que protege a los médicos en su capacidad de optar libremente según su conciencia. Ryan Bangert, vicepresidente senior de Iniciativas Estratégicas de ADF, ha argumentado ante el tribunal que el Quinto Circuito ha dictaminado correctamente» lo que el gobierno federal debe hacer, porque “una clínica no debe ser un centro para abortar”. Asimismo, ha denunciado que los médicos no deben verse nunca obligados a romper «el juramento hipocrático» y no deberían tener que elegir entre «violar sus creencias profundamente arraigadas o enfrentarse a duras sanciones económicas y ser excluidos del programa Medicare», un programa federal de seguro médico para personas de más de 65 años.
73 millones de abortos cada año en el mundo
Para situar en contexto esta situación, conviene matizar que el aborto fue la primera causa de muerte en todo el mundo en 2022 según la OMS. Cada año se producen alrededor de 73 millones de abortos inducidos, lo que equivale a unos 200.000 abortos al día. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto.
En Estados Unidos, de los 50 estados que integran el país, 14 lo prohíben totalmente y otros 12 imponen restricciones en un rango que abarca desde la semana 6 hasta la 26 de gestación, así como limitaciones en el acceso a los servicios de aborto. En ocho de ellos, la prohibición absoluta o severa permanece bloqueada por decisiones de jueces federales.
En cinco estados se aplican restricciones leves, mientras que en 20 estados, más Puerto Rico y Washington DC, el aborto es legal hasta en las etapas avanzadas de la gestación sin restricciones.
En España, como ya comentamos recientemente en uno de nuestros informes, se realizaron 98.316 abortos el pasado año 2022, un 9 % más que en 2021. Estas alarmantes cifras las dio a conocer el Ministerio de Sanidad en el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo el pasado mes de septiembre de 2023.
Valoración bioética
La insistencia en promover políticas que allanan el camino de las mujeres hacia la práctica del aborto indiscriminado, supone el mayor atentado contra la vida humana del nasciturus, y contra la dignidad de la mujer. El aborto no aporta salud a ninguno de los que intervienen en él. Además de terminar con la vida del embrión o feto, provoca secuelas físicas y psíquicas bien documentadas en las mujeres que abortan, especialmente en el caso de abortos repetidos. La insistencia de la OMS y las sociedades ginecológicas en incluir el aborto -recordamos que fue la primera causa de muerte en 2022- en los programas de salud sexual y reproductiva, o incluso más del pretender reconocerlo como un derecho, constituye una contradicción inaceptable que debe seguir siendo denunciada. La situación de invierno demográfico de los países avanzados unida a la presión de Naciones Unidas para la extensión del aborto como condición para conceder ayudas al desarrollo en países de tercer mundo, es una tentado contra el ser humano y contra nuestra civilización. La salud reproductiva consiste en apoyar a la mujer, a la familia al proceso de gestación, parto y puerperio, así como a la crianza de los hijos. Proteger la vida en los casos de embarazos no deseados apoyando a la mujer económica, social y psíquicamente, es la verdadera actitud de progreso que debería promoverse en lugar de la actual promoción del generalizado exterminio que supone el aborto.
Julio Tudela y Cristina Castillo, Observatorio de Bioética. Instituto Ciencias de la Vida. Universidad Católica de Valencia
